Zacatecas, Zac.- La LXIII Legislatura aprobó la lista definitiva de ocho candidatas a ocupar una magistratura en el Tribunal de Justicia Administrativa y ésta será enviada al Poder Ejecutivo para continuar con el proceso de designación de la nueva magistrada.

Las y los diputados de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRIyCP) analizaron el dictamen de idoneidad y elegibilidad aprobado la semana pasada por el Pleno, en el que las 10 aspirantes que se registraron para este puesto cumplían con todos los requisitos.

No obstante, los legisladores destacaron que para la selección de ocho de ellas fue decisivo, dentro de su perfil profesional, el haber desempeñado actividades vinculadas con la administración e impartición de justicia y también con la administración pública en general ya que por la función del tribunal consideraron indispensable que sus integrantes conozcan, de manera directa e inmediata, los diversos actos y procesos que emiten los entes públicos.

El listado final quedó conformado por Bertha Alicia Gutiérrez Villegas, María Magdalena Beltrán Vázquez, Nancy Frías Pérez, Aída Alicia Lugo Dávila, Myrna Karina Madera Rojo, María de San Juan Villalobos de Alba, América Selene Dávila Rocha y Margarita Ureño Medina.

Se integra la diputada Mónica Leticia Flores Mendoza a las comisiones legislativas y de gobierno

Con el objetivo de integrar en las comisiones legislativas y de gobierno a la diputada Mónica Leticia Flores Mendoza, quien rindió protesta en el cargo tras la solicitud de licencia de María Edelmira Hernández Perea, el Pleno aprobó modificar la integración de algunas de estas instancias.

En concreto, la legisladora se incorpora a la Comisión de Planeación, Patrimonio y Finanzas y, por otro lado, presidirá la comisión Jurisdiccional. Asimismo, será secretaria en las comisiones de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, de Hacienda y Fortalecimiento Municipal y de Igualdad de Género.

Propone el Ejecutivo una nueva ley para sancionar a quien no utilice cubrebocas

Una multa de más de 2 mil pesos y posibles arrestos hasta por 36 horas son las sanciones que contempla la iniciativa de Ley que regula el uso de cubrebocas y demás medidas para prevenir la trasmisión de la enfermedad COVID-19 en el Estado de Zacatecas y que fue enviada este martes al Congreso local por el Poder Ejecutivo.

La propuesta se sustenta, de acuerdo a la exposición de motivos, en la “propagación exponencial” del virus que se ha registrado en las últimas semanas y por el incremento que ha habido también en el número de muertes y de pacientes que tienen que ser hospitalizados.

En este sentido, el gobernador Alejandro Tello Cristerna consideró en esta iniciativa que es urgente tener un respaldo legal para hacer obligatorio el cumplimiento de la medida sanitaria del uso del cubrebocas durante la pandemia provocada por el Covid-19.

En la iniciativa se contempla el uso obligatorio del cubrebocas en vías y espacios públicos o de uso común, cerrados o al aire libre; en el interior de establecimientos ya sea de comercio, industria o servicios; en los centros laborales públicos o privados; en los lugares de culto religioso; en los medios de transporte de pasajeros ya sea como usuario, operador o conductor; en los establecimientos que elaboren o manipulen alimentos; en consultorios, hospitales o centros de salud, públicos o privados; y en los demás que determinen las autoridades sanitarias.

La presidencia de la mesa directiva de la LXIII Legislatura propuso que esta iniciativa fuera considerada de urgente resolución para proceder con la votación este martes. No obstante, al requerirse mayoría calificada, este trámite no fue admitido ya que la solicitud obtuvo 15 votos a favor y 10 en contra, por lo que la propuesta fue enviada a la comisión legislativa de Salud para su análisis y dictaminación.

Garantizar descuentos para adultos mayores en  servicios privados de salud

Debido al alto porcentaje de adultos mayores que no están afiliados a ninguna institución de salud pública, el diputado Héctor Menchaca Medrano busca obligar al Estado a garantizar el acceso y los descuentos en los servicios del sector privado de salud para este grupo poblacional.

El legislador presentó una iniciativa para reformar la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Estado y consideró que este cambio es necesario por la falta de ingresos suficientes que se tienen, en muchas ocasiones, para pagar la atención médica particular.

Este objetivo se lograría, de acuerdo a la propuesta, incorporando como una responsabilidad del Poder Ejecutivo la de «suscribir convenios ante instituciones de salud privadas, a fin de garantizar a toda la población adulta mayor de la entidad acceso y descuentos en los bienes y servicios que presta el sector de salud privado».