El Procurador informó que la información presentada por el diputado está incompleta, lo cual constituye un delito.

Zacatecas, Zac.-  La Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas (PGJEZ) inició una investigación al diputado local Juan Mendoza Maldonado por el delito de falsificación de documentos, debido a que presentó información que contiene omisiones, sobre la compra de un predio que realizó el Gobernador Miguel Alonso Reyes.

Arturo Nahle García, titular de la PGJEZ, informó que de acuerdo al Artículo 21 del Código Penal dicha situación se persigue de oficio, por lo cual se procederá conforme a derecho.

Por su parte, el Contralor Interno, Guillermo Huizar Carranza consideró que es irresponsable que se manipule información para tratar de confundir a la sociedad zacatecana.

Respecto a la investigación realizada por la misma instancia, producto de la denuncia presentada por el legislador contra el mandatario zacatecano, afirmó que no hay elementos para señalar que Alonso Reyes se esté enriqueciendo ilícitamente.

La compra de un predio rústico ubicado en la ex hacienda de Malpaso, en el municipio de Villanueva, que realizó el mandatario zacatecano es una operación transparente, declarada como lo marca la ley y adquirida con recursos acreditados por él, desde el principio de su administración.

Tanto el Procurador, como el Contralor Interno, mostraron copias de la documentación que ampara los bienes inmuebles declarados por el Gobernador desde 1999, así como el avalúo catastral del predio adquirido y el oficio enviado por Daniel Infante López, notario público número 9 del Estado, en que se notifica al tesorero municipal de Villanueva de la transacción.

Nalhe García explicó que producto de una denuncia que se realizó contra el mandatario se inició la investigación, motivo por el cual se solicitó información del patrimonio del Alonso Reyes a la Contraloría Interna del Gobierno del Estado de Zacatecas.

El resultado fue que los fondos con los cuales se adquirió la propiedad mencionada y los demás bienes inmuebles del mandatario, coinciden con lo declarado en sus cuentas bancarias.

“No hay enriquecimiento ilícito ni aumento de su patrimonio que no tenga legítima procedencia, no hay delito ni nada que violente el Código Penal ni la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos”, afirmó el Procurador.

Huizar Carranza agregó que el Gobernador, al igual que los demás funcionarios de la administración pública estatal, está sujeto a frecuentes y rigurosas investigaciones por parte de la dependencia que encabeza, con el fin de detectar discrepancias entre los bienes que poseen y los que declaran, así como entre éstos y sus percepciones.  

Añadió el funcionario que Alonso Reyes ha presentado en tiempo y forma las declaraciones patrimoniales a que lo obliga la ley, desde la llegada al mandato, y dicha información fue entregada a la PGJEZ.