Aquiles González Navarro
Al tiempo que se reformó la Constitución Federal en materia penal para establecer los llamados juicios orales y se introdujeron al lenguaje jurídico nuevos conceptos supuestamente para ampliar la cobertura de los Derechos Humanos; también se consideraron del todo legales, figuras y actitudes en otro tiempo estimadas no menos que aberraciones y, por ello, fuera de cualquier uso en procedimientos jurídicos:
El arraigo para investigación, los testigos pagados por el gobierno y protegidos, las facultades de investigación de los delitos a la policía preventiva y a los militares, el pago de recompensas, la negociación de la pena a partir de la “confesión” de culpabilidad, la presunción de legítima defensa que surge de la declaratoria de agresión a militares y policías, la inactividad del ministerio público cuando las víctimas supuestamente pertenecen (sin necesidad de constatarlo) a la delincuencia organizada, sin faltar el uso del polígrafo para “detectar” la confiabilidad de los policías.
Hace días, en medios apareció una declaración del Secretario de Seguridad Pública del Estado, quien hace saber que requiere de la cantidad de 34 millones para liquidar prestaciones laborales a un buen número de policías despedidos en virtud de que estos no pasaron el llamado “examen de confianza”, cuyo principal punto de valoración es el llamado polígrafo (detector de mentiras en los cuentos de supermán).
El hecho mismo de indemnizar por el despido a quien no ha pasado el llamado examen de confianza, es signo evidente que la prueba en sí no tiene carácter científico y, por lo mismo no es creíble ni soportaría una demanda por despido injustificado.
El uso del polígrafo en los Estados Unidos, es bastante común, como también lo es la creencia en aquella sociedad, de que el aparato nos conduce al encuentro de la verdad y la detección de la mentira. En México no se considera al polígrafo confiabilidad alguna, al no tener para los tribunales carácter científico, como en efecto no lo tiene, por lo que su uso en procedimientos judiciales, sobre todo de naturaleza penal, queda excluido del sistema probatorio.
La poligrafía es la aptitud para descifrar los escritos criptográficos a través del polígrafo, aparato de medición de las alteraciones nerviosas como respuesta a una serie de estímulos del exterior. Se asigna una clave a las variables y se obtiene la conclusión: la conducción con verdad o con mentira por parte del interrogado. Al documento cifrado producto del examen, se le llama criptograma y es interpretado por un personaje que se presta a la mentira oficial y que prácticamente decide la suerte del policía en la corporación.
Los llamados exámenes de confianza, carentes de metodología científica y apoyados por el polígrafo, son los elementos que determinan si un policía es o no digno de confianza y si puede y debe permanecer o no dentro de la corporación. Nada más injusto y arbitrario.
La confianza es todo un proceso de carácter empírico, que se genera a través de conductas y actitudes en la vida cotidiana.
Más que buscar la pérdida de confianza en los policías, debiera analizarse la vocación, la mística para ser elemento de seguridad pública. De tal manera que el ingreso de cualquier elemento, incluidos los jefes, sea motivación de interés por el servicio a la población y no como consecuencia de desempleo o subempleo, porque entonces tendremos un policía por exclusión y no un policía por vocación.
Luego vendrá la capacitación para el tipo de servicio que se presta, partiendo del principio elemental, de que no es lo mismo seguridad pública que seguridad nacional. La primera corresponde a los policías. La segunda a los militares.
Miguel Sarre Iguíniz detalla en su obra Guía del Policía, los derechos de éste en la prestación del servicio: Protección a su vida e integridad física, no discriminación, respeto a su dignidad como persona, capacitación, salario digno, equipo de trabajo, seguridad social y estabilidad en su carrera policial.
