Zacatecas, Zac.- El Licenciado J. Ascención Carranza Martínez, Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Concepción del Oro, sustentó el examen de grado de la Maestría en Administración de Justicia organizada por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ) a través de la Escuela Judicial.

La tesis denominada, “La participación en conductas delictivas”, fue expuesta a los miembros del jurado conformado en su carácter de presidente por el Doctor José Francisco Murillo Ruiseco, Procurador General de Justicia del Estado de Zacatecas (PGJEZ).

Los vocales Salvador Ortiz García, Secretario Técnico pro témpore de la Comisión para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Zacatecas, Doctor Raúl Federico García Pérez, Profesor de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y el Maestro José Abel Vázquez Villalobos, Director de la Casa de la Cultura Jurídica en Zacatecas.

Ante la presencia de los integrantes del Sinodo, el Doctor Raúl Carrillo del Muro, Director de la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado y tendiendo como invitado de honor el Magistrado Armando Ávalos Arellano, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, quien agradeció a los integrantes del jurado, asistir a participar en tan importante proceso.

Ávalos Arellano, reconoció la trayectoria y calidez del Juez Ascención Carranza, afirmando que es un digno representante del Poder Judicial del Estado, deseándole éxito en su exposición.

De esta manera se dio paso a la presentación de la tesis y una vez explicada por el expositor, los integrantes del jurado examinaron al sustentable y deliberaron la aprobación del examen, procediendo a tomarle protesta de grado en Maestro en Administración de Justicia.

Guadalupe, Zac.– Autoridades policiales informaron que la tarde de hoy, en la colonia Villa de San Fermín, municipio de Guadalupe, un hombre resultó herido con impactos de proyectil de arma de fuego.

Un reporte ciudadano realizado al Número de emergencias 911, aproximadamente  las 16:30 horas, informo a las autoridades respecto de una persona herida tras escucharse detonaciones de arma de fuego.

Los elementos de las corporaciones policiales llegaron frente al domicilio marcado con el Número 61 de la calle Zaragoza, donde encontraron a un hombre herido con impactos de proyectil de arma de fuego.

Las autoridades policiales auxiliaron a la persona herida, quien fue trasladado por paramédicos de la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas (REMEZA), en estado de salud crítico, a un hospital para su atención médica.

El individuo herido fue identificado como Julio César N., de 28 años de edad, dedicado a trabajos para la construcción, quien se dijo que tienen su domicilio en  esa misma calle; el parte médico precisó que tenía tres impactos en el cuerpo.

Zacatecas, Zac.- La Comisión Permanente presentó la convocatoria que por acuerdo de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, cita a las y los diputados para el tercer Periodo Extraordinario de Sesiones de esta LXII Legislatura del Estado de Zacatecas, dentro del Primer Año de Ejercicio Constitucional, mismo que por unanimidad de los asistentes fue aprobado.

La cita a las y los diputados integrantes de esta Legislatura local, para desarrollar el Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones, es para el día miércoles 12 de Julio a las 9:00 horas, y se contempla el análisis, discusión y aprobación en su caso, de las Iniciativas de Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Ley de Justicia Administrativa y la Iniciativa con Proyecto de Decreto que autoriza al Gobierno del Estado la enajenación en calidad de compra venta, de un predio que servirá para la edificación de una tienda de auto servicio.

De igual forma se contempla la entrega de la Medalla «Tomás Torres Mercado» al Mérito Jurídico del Estado de Zacatecas en su edición 2017, en el marco del día del abogado, la cual será otorgada al Lic. Aquiles González Navarro.

Agotado el orden del día, el presidente de la Comisión Permanente Osvaldo Ávila Tizcareño, citó a las y los diputados integrantes para el día 12 de Julio a las 9:00 horas, para la sesión previa al Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones.

Zacatecas, Zac.- El respeto irrestricto de los derechos humanos representa para la Administración Estatal, que encabeza el Gobernador Alejandro Tello Cristerna, un compromiso y obligación ineludibles, que nos permitirán la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

Por ello, desde el inicio de la presente administración la protección y promoción de los derechos humanos ha sido una constante y se estableció como una de las principales líneas de acción en el Plan Estatal de Desarrollo.

Como Gobierno del Estado, y de acuerdo con las obligaciones que marca la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, se privilegia por sobre todas las cosas y con los medios al alcance la protección de la vida y la integridad física de las personas y de sus bienes.

Se procura, de la misma manera, y como una obligación de todos los servidores públicos, trabajar por el bienestar de las familias zacatecanas.

Igualmente, la administración estatal refrenda el firme compromiso de actuar con estricto apego a la legalidad, con la finalidad de mantener una convivencia armónica.

A la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), con quien se mantiene una estrecha comunicación y una relación institucional, la administración estatal refrenda su respeto y disposición para, si lo considera oportuno, suscribir los acuerdos y convenios en materia de difusión de los derechos humanos, no solamente al interior de las dependencias, sino entre la ciudadanía.

Respecto de la recomendación emitida en torno a la comunidad de Salaverna, Mazapil en el expediente CDHEZ/746/2016, se informa que la administración estatal, como ya lo notificó a la Comisión, atenderá con puntualidad los puntos relacionados con la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas.

Sin embargo, en los que tienen que ver con la Secretaría General de Gobierno se considera lo siguiente:

En el expediente integrado por la CDHEZ no se acredita plenamente la identidad de la quejosa, ni de las seis personas que considera agraviadas, y a quienes solicita se indemnice y se les integre en el registro de víctimas.

Además, tal registro es improcedente, toda vez que la Ley de Atención a Víctimas no considera el supuesto que contempla la recomendación, ya que no demuestra un interés jurídico del que pueda derivarse la afectación de otros derechos.

Respecto de la segunda, tercera y octava observaciones, referentes al supuesto de desplazamiento forzado, afirmamos que en ningún momento el Gobierno del Estado forzó a los habitantes de Salaverna a abandonar el lugar en que residen, pues únicamente se les notificó del riesgo existente.

Se hace especial énfasis al punto 8, porque la CDHEZ pretende que se incluya en el programa de apoyos a las más de 70 familias que desde 2012 decidieron voluntariamente cambiar su lugar de residencia, por lo que es inatendible tal recomendación.

Aun cuando la reubicación de esas familias ocurrió en el citado año, existe constancia de que las mismas gozan de seguridad jurídica en su patrimonio y en el acceso a la salud, educación y trabajo.

En torno al cuarto y quinto puntos, nos pronunciamos por la no aceptación, ya que en las mismas se ordena la realización de dos estudios relativos a monitoreos sísmicos y el impacto del uso de explosivos en el interior de la mina.

Al respecto, existen dos estudios realizados en los años 2010 y 2012, mismos que sirvieron como punto de apoyo para determinar que el asentamiento humano en el poblado de Salaverna corre grave peligro.

No obstante la no aceptación de la recomendación en los puntos referentes a la Secretaría General de Gobierno, se reitera el compromiso ineludible que este gobierno tiene para con los habitantes de la comunidad de Salaverna, en el sentido de que las familias que continúan en el lugar sean reubicadas en un sitio seguro y permanente, tal como lo establecen las disposiciones nacionales e internacionales, en donde se les garantice la salvaguarda del derecho humano primordial que es la vida.