Concesión de Servicio Público de Tratamiento de Agua en Fresnillo

Ante las y los diputados integrantes de la Comisión Permanente, fue presentada la Iniciativa con Proyecto de Decreto remitida por el H. Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, que contiene la autorización del H. Cabildo Municipal, para que a través del alcalde se solicite a la LXII Legislatura del Estado de Zacatecas, autorice concesión de forma parcial a la empresa Minera el Saucito, por periodo de 20 años pudiéndose prorrogar por un periodo igual; el servicio público de tratamiento de agua, específicamente la planta de tratamiento de aguas residuales poniente.

Sentencian en el documento enviado a esta Asamblea, que la operación de la Planta Tratadora Poniente, representa para el SIAPASF, una carga económica, que está comenzando a ser imposible de cubrir, dado que, si bien se han hecho esfuerzos y reestructuras administrativas, la capacidad financiera del Sistema ya ha sido rebasada; por lo tanto de forma responsable y comprometida se han explorado diversos mecanismos y figuras jurídicas con las cuales se asegure el  futuro o el funcionamiento del organismo operador del agua en Fresnillo, así como la operación de dicha planta, ya que no puede prescindirse en ningún momento de alguna de las dos, sin embargo la gran limitante con que se encuentran, es el déficit financiero al que se está entrando, y el no actuar de forma eficiente en este momento representaría un colapso económico en el futuro, propiciando la quiebra del SIAPASF y un descontrol sin precedentes para la administración municipal.

Erradicación de la Discriminación

Por su parte, la diputada María Elena Ortega Cortés dio a conocer su Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley para prevenir y erradicar toda forma de discriminación en el estado de Zacatecas, como parte de un esfuerzo de armonización legislativa que tiene la finalidad de generar los cambios legales pertinentes en la Ley, para hacerla acorde a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, ratificados por nuestro país y con el objetivo de dotar a las y los servidores públicos, así como operadores de justicia de definiciones y lenguaje legalmente aceptado en el marco internacional y nacional.

La Iniciativa propone derogar, adicionar o modificar palabras que pueden traducirse en alguna forma de discriminación de acuerdo a origen étnico, sexo,  origen o por otras situaciones que deriven a estas acciones por los términos empleados en la ley.