Las sanciones a 17 alcaldes por no cumplir con la Ley de Transparencia, no han sido cedidas a la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública (CEAIP) ni se ha recibido respuesta del secretario de Finanzas, (SEFIN) Fernando Soto Acosta, a quien los comisionados solicitaron entregar el monto recaudado.

En un hecho sin precedentes, ante la nula respuesta del secretario de Finanzas Fernando Soto Acosta, el pleno de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Públlica (CEAIP) acordó en su sesión de hoy interponer recurso formal en la Unidad de Enlace de Información Pública de la SEFIN, vía presencial, para que dé respuesta a reciente oficio.

Dicho escrito del 13 de febrero fue para conocer la postura de SEFIN sobre el acato a la norma en el uso del dinero de las multas impuestas por el organismo a 17 alcaldes de la entidad a partir de 2011, que suman casi 565 mil pesos y cuya ejecución corresponde a la dependencia, recursos que le deben ser canalizados a CEAIP para aplicarse en el fomento del derecho a la información, conforme a la normatividad vigente.

El secretario Soto hasta el momento no ha contestado por ninguna vía a la Comisión. El punto fue tratado en asuntos generales por los comisionados presidente, Jaime Cervantes Durán, Juana Valadez Castrejón y Jesús Manuel Mendoza Maldonado, quienes consideraron recurrente la actitud de Sefin, ya que al menos en tres ocasiones ha ignorado las peticiones del organismo, siempre canalizadas por escrito a su titular.

Impone cuatro sanciones a alcaldes reincidentes

Los comisionados resolvieron también cinco expedientes de quejas interpuestas en contra de los ayuntamientos de Apulco, Cañitas, Villa García, El Salvador y Atolinga, dirigidas por el ciudadano Francisco del Muro Robles porque las alcaldías con información pública de oficio en portales de Internet.

En los cuatro primeros casos se trata de Presidencias Municipales sancionadas en dos y tres ocasiones por la misma irregularidad, por lo que quedaron emplazadas a 15 días para que acaten las disposiciones de ley y deslinden la responsabilidad del incumplimiento o se hagan acreedoras a las sanciones establecidas por la ley en la materia.

En el caso de Atolinga, sí contestó a la CEAIP, en términos de que está en proceso de cumplir con las disposiciones, aunque al revisar el sitio no existe la información que precisa la norma por lo que también se le dio un plazo de quince días a fin de que amplíe los contenidos.