Ciudad de México.– Para abonar a una verdadera justicia social al campo mexicano, la senadora Geovanna Bañuelos presentó una iniciativa que busca garantizar el acceso a la educación a hijos e hijas de los jornaleros agrícolas.

A nombre propio y de la senadora Martha Márquez y del senador Joel Padilla, la senadora Geovanna Bañuelos destacó que los derechos de las niñas, niños y adolescentes son prioridad en agenda legislativa del Partido del Trabajo en el Senado de la República.

Por ello, explicó que su iniciativa tiene por objetivo incorporar en la Ley Federal del Trabajo la obligatoriedad del Estado, a través de la Secretaría de Educación Pública, de dotar de infraestructura y centros escolares, así como del personal docente para atender a esta población.

Asimismo, establece que en todo momento se tomará en cuenta lo relativo a las condiciones inherentes de la labor de los jornaleros agrícolas y se garantizará el derecho a una educación de calidad para sus hijos e hijas.

Geovanna Bañuelos detalló que también se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para que en lo relativo a la enseñanza agrícola, y en específico a las obligaciones de los patrones del campo en materia educativa, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social vigile las condiciones y el cumplimiento de estos mandatos.

La coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) señaló que en México existen niñas, niños y adolescentes que se encuentran en un estado de marginación, segregación, rechazo, e incluso olvido. “En específico, las hijas e hijos de las personas jornaleras se encuentran en un constante estado de vulnerabilidad”.

“Lo anterior se da por las características inherentes del trabajo del campo. Derivado de la movilidad, temporalidad, e incluso inseguridad, las hijas e hijos de personas jornaleras agrícolas no pueden acceder o abandonan sus estudios”, mencionó.

Esto da como resultado que los hombres trabajadores agrícolas cuenten con 5.9 años de escolaridad en promedio, mientras que las mujeres trabajadoras agrícolas están con un promedio de 5.5 años de escolaridad, de acuerdo con información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

“Es decir, se encuentran en la absurda línea de analfabetismo, mientras nuestra Constitución Mexicana consagra el derecho a la Educación, incluso -como todos nosotros lo sabemos- a nivel superior”, resaltó.

Geovanna Bañuelos enfatizó que más del 80% de niñas, niños y jóvenes hijos de jornaleros agrícolas migrantes enfrentan mayores problemas de rezago educativo, pues no reciben instrucción básica por la movilidad constante en la que se encuentran sus padres y en consecuencia tampoco se cuenta con un censo para saber cuántas niñas o cuántos niños no reciben educación básica.

“La educación es la auténtica llave para vislumbrar un país basado en la igualdad de oportunidades, del respeto, del compañerismo y del desarrollo individual y social. Cambiar el presente para garantizar un buen futuro. A eso estamos llamados”. concluyó.

La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, para su análisis y posterior dictamen.