Ciudad de México.– La senadora por Zacatecas Geovanna Bañuelos llama a las autoridades ambientales a hacer cumplir la legislación en materia de protección al medio ambiente a actores públicos y privados, especialmente a aquellos dedicados a la extracción de minerales o materiales pétreos para garantizar la no afectación de los ecosistemas y el derecho humano a un medio ambiente sano.

Mediante un punto de acuerdo presentado al Pleno del Senado, la coordinadora de Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), las senadoras Cora Pinedo Alonso, Martha Márquez Alvarado y el senador Joel Padilla, piden a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), continuar con las visitas de inspección para verificar que las empresas dedicadas a la explotación de bancos de materiales pétreos cumplan con la normatividad aplicable en materia de protección al medio ambiente y que en caso de no hacerlo, se apliquen las sanciones que marca la ley.

Asimismo, solicitan a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía, entablar un diálogo con las distintas cámaras y asociaciones de empresas del sector minero en los Estados Unidos de América, para informar sobre las oportunidades de inversión que tienen las empresas socialmente responsables y comprometidas con la minería sustentable en México.

Toda vez que existe una controversia por el daño ambiental causado por la empresa Calica, filial de la compañía estadounidense Vulcan Materials en Playa del Carmen, Quintana Roo.

La senadora Geovanna Bañuelos, recordó que la Profepa informó de la inspección en La Rosita, predio de la empresa Calica, ubicado en Playa del Carmen. Con el objetivo de verificar si la compañía cumplía o no con las normas ambientales federales, en relación con el uso de suelo en terrenos forestales, así como el posible impacto ambiental por las obras que se han construido en el sitio.

“Derivado de esta inspección, se advirtió la existencia de probables daños y deterioros graves a los ecosistemas, por lo que procedió a clausurar temporalmente las actividades y obras realizadas”, detalló.

Lo anterior, explicó la legisladora por Zacatecas, derivó en la solicitud de un arbitraje entre Calica y el Estado mexicano que aún está en litigio.

“En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos comprometidos con la protección del medio ambiente. En este sentido, todos los actores públicos y privados deben cumplir con la legislación en materia de protección al medio ambiente, para que se garantice el principio constitucional y para el goce y disfrute de un medio ambiente sano para la población mexicana, así como la protección de nuestros ecosistemas”, concluyó Geovanna Bañuelos.