México, D.F.- El Gobernador Miguel Alonso Reyes se sumó al acuerdo de buena fe al que se comprometieron los mandatarios de los 14 estados donde el 7 de julio próximo se llevarán a cabo elecciones, para que se desarrollen en un marco de legalidad y transparencia.

Integrantes del Consejo Rector del Pacto por México participaron en una reunión de más de tres horas, junto con los gobernadores de Tamaulipas, Coahuila, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Durango, Aguascalientes, Tlaxcala, Chihuahua, Hidalgo, Sinaloa, Baja California, Quintana Roo y Zacatecas.

El compromiso es que respeten y hagan respetar la ley en materia electoral; además, se acordó que cada mandatario convocará a los funcionarios de sus administraciones para comprometerlos a que no intervengan en el proceso electoral que ya se encuentra en marcha.

Los programas sociales no se detendrán, sólo se blindarán para evitar que haya uso indebido de recursos públicos.

Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, pidió a los Gobernadores que sí participen, pero para no enrarecer el proceso electoral.

En tanto, César Camacho Quiroz, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y presidente en turno del Consejo Rector, dijo que existe el compromiso de los gobiernos estatales de respetar los procesos electorales y actuar en el marco de la legalidad.

Al encuentro acudieron Gustavo Madero Muñoz, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN); Jesús Zambrano Grijalva, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y César Camacho Quiroz, del Partido Revolucionario Institucional (PRI)

La siguiente reunión del grupo se llevará a cabo en dos semanas.  

Se convino también que a cada entidad se enviarán agentes del Ministerio Público para atender con prontitud las denuncias de los partidos políticos, se firmará un convenio de colaboración con la Asociación Nacional del Notariado Mexicano con la finalidad de que sus integrantes atiendan las solicitudes de parte de candidatos y partidos.

Finalmente, las restricciones publicitarias para los gobiernos estatales que marca la ley, seguirán vigentes.