Las modificaciones realizadas por la Cámara de Senadores a la propuesta de reforma fiscal que se han enviado a la colegisladora para su aprobación, que entre otras cuestiones supone que el gobierno absorba el financiamiento del seguro de desempleo, modificar el cobro del Impuesto Sobre la Renta a quienes tengan ingresos superiores a los 750 mil y dejar en 50% la deducibilidad de las prestaciones laborales sin que el costo pase al trabajador, representan importantes avances para contar con un sistema tributario más justo, aseguró Vladimir Aguilar García.

El secretario de Planeación del Partido de la Revolución Democrática calificó como positiva la aplicación de dichas medidas, que junto con el aumento de 5% a 8% el impuesto especial a la comida ‘chatarra’, el cobro de un peso por cada litro a las bebidas saborizadas, y los gravámenes especiales a la compra de chicles, sopas instantáneas y alimentos para mascotas pretenden abatir los graves rezagos que persisten entre las familias menos favorecidas y cristalizar el sentido social que se viene persiguiendo desde que la iniciativa fue propuesta.

No obstante, el también consejero nacional perredista señaló que desgraciadamente para que se pueda hablar de una gran reforma fiscal se debieron incluir mecanismos para evitar la evasión y la elusión fiscal, simplificar el pago de impuestos y revisar el régimen de deducibilidad, pues no tiene sentido que se pretenda cobrar más si al final se continuará con la política de regresar recursos a los grandes empresarios.

Aguilar García también destacó como pendientes en esta reforma los mecanismos para el otorgamiento de créditos fiscales y para el fomento productivo, que brillan por su ausencia y que sin duda afectarán sobre todo a las pequeñas y medianas empresas.

Finalmente, destacó que aunque era necesario un incremento en la tasa de impuesto al valor agregado que actualmente se cobra en las ciudades que hacen frontera con Estados Unidos, ésta debió ubicarse en 13 por ciento, pues aumentarla a 16 por ciento sin duda alguna desincentivará las inversiones y la instalación de industrias en una zona que dentro del país es de las más afectadas por la falta de fuentes de empleo y la delincuencia, sobre todo de jóvenes a quienes con dichas medidas se les cancelan oportunidades de desarrollo.