Por: Salvador del Hoyo B.

La denuncia que presentó el diputado de MORENA, Ernesto González Romo, sobre la presunta corrupción de la anterior legislatura (la LXIII) es un tema verdaderamente preocupante, porque se trata de recursos públicos.

Según lo aseguró en conferencia de prensa, cuando menos 25, de los 30 legisladores, incurrieron en una serie de irregularidades: implementaron una red de empresas «fantasmas» que se dedican a la emisión de facturas falsas.

Estas empresas tienen sus domicilios fiscales en la Ciudad de México, en los estados de Oaxaca, Aguascalientes y Zacatecas. Con esto, según el diputado González Romo, se cometió un desfalco que supera los 200 millones de pesos.

En su encuentro con los medios, el legislador «morenista» aseguró que se tiene un acervo de 5 mil copias de facturas, recibos, contratos y otros documentos administrativos.

Además anunció que presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera; confirmó, también, que ya interpuso varias denuncias, ante la Auditoría Superior del Estado y otros órganos locales.

«Todo fue una simulación», aseguró Ernesto González, ya que se operaba a través de los servicios legislativos, del capítulo 3000, donde cada legislador recibió más de 200 mil pesos mensuales para la contratación y compra de asesoría, estudios y asistencia técnica, con la obligación de comprobar los recursos. De ahí el problema con las facturas falsas.

Después de haber dado esta información, el diputado asegura que ha recibido amenazas, incluso de «aislarlo» de las actividades políticas por «romper códigos». Esta denuncia implica a ex diputados de MORENA y partidos aliados, que tienen un cargo en el actual gabinete del Gobernador, David Monreal Avila; También del PRI, PAN, PRD y PES.

Este caso apenas inicia y, con seguridad, veremos más capítulos. Según nos hemos enterado, algunos de los diputados de la anterior legislatura, señalados por estos casos de corrupción, buscan demandar al diputado que los denunció.
De comprobarse estas presuntas anomalías, se sentará un precedente en la política legislativa de Zacatecas sobre casos graves de corrupción.