Para la dirigencia nacional de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) es claro que la administración Trump, urgida de una victoria frente a sus electores, considerando el lamentable récord de gobierno, contempla ejecutar el DACA e iniciar de facto la expulsión de miles de jóvenes estudiantes que, por cierto, representan la mejor parte de la inmigración.

Así, a decir de José Narro Céspedes, los dreamers son los hispanos modelo. Los emprendedores, los científicos, los médicos e ingenieros de los que posteriormente la sociedad americana se siente tan orgullosa.

El DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) fue una creación del presidente Obama con un apoyo importante de ambos partidos. A todos aquellos niños que llegaron como inmigrantes, en su mayoría ilegales a Estados Unidos, pero que al paso de los años habían estudiado y demostrado constancia en la escuela, los eximió de la deportación estipulada por la ley −debido a su ingreso− y les permitió seguir sus estudios.

Cabe mencionar que este programa señala que la acción de deportación es diferida hasta que concluyan sus estudios. Se calcula que en ocho años el Acta ha protegido a cerca de 800 mil jóvenes. Los dreamers, quienes a pesar del ingreso ilegal se convirtieron en estudiantes, buena parte de los cuales son modelo y ejemplo en sus escuelas, y se han ganado el derecho a permanecer estudiando.

Así, Narro afirmó que “son esos los que Trump, en aras de un reconocimiento por parte de sus votantes, pretende deportar al cancelar al Acta en su conjunto”.

El DACA estipula que toda la información proporcionada para recibir el beneficio −largos interrogatorios que registran la entrada original, fechas, rutas, tiempos de estancia, viviendas, direcciones, escuelas, etcétera− debe ser borradas (delete dice textualmente) y que no podrán ser compartidas o utilizadas por las corporaciones fronterizas para el ejercicio de su trabajo: detectar y deportar inmigrantes ilegales. 

Las consecuencias son inminentes para miles de “Dreamers”, de los cuales la mayoría son mexicanos y que enfrentan la amenaza de la deportación en menos de 6 meses.

Para el dirigente zacatecano es claro que miles de jóvenes con altas expectativas de vida, serían enviados a un país, que, aunque es su lugar de nacimiento, no conocen. Regresarán a un lugar en el que nunca han estado, aunque suene paradójico. Serán expulsados de todo lo que conocen.

A decir del dirigente de CNPA, los llamados Dreamers fueron expulsados de México producto de políticas públicas que ha producido, hasta el día de hoy más de 53 millones de mexicanos en pobreza; un México donde la dependencia alimentaria, tan solo con la apertura agropecuaria del TLCAN en México se incrementó.

Así, argumentó que el México expulsor de los Dreamers, sus familias es donde los derechos fundamentales de los trabajadores y campesinos y el campo mexicano ha sucumbido bajo la competencia desleal de los productos subsidiados norteamericanos, que han inundado los mercados nacionales. Donde la polarización social en el campo es creciente; la migración de la población rural llega a 300 mil personas por año en condiciones inhumanas; más de un mexicano muere cada día al tratar de cruzar a Estados Unidos, y esa realidad no la quiere reconocer el Gobierno porque su único interés es servir a las grandes corporaciones.

Dijo que “el México a donde serían expulsados los Dreamers en la última década, ha disminuido el nivel educativo en la medida que aumentan la edad de los jóvenes que no trabajan ni estudian; el porcentaje de mexicanos entre 15 y 29 años sin empleo o sin escuela se ha mantenido por arriba del 20 por ciento durante más de 10 años, cifra que se dispara al 34.2 por ciento en el caso de las jóvenes mexicanas “Nini”; para los hombres el porcentaje sin actividades laborales o escolares es del 9.6 por ciento, advierte la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en su Panorama Educativo 2014”.

Aseveró que el expulsor de millones de migrantes ha concesionado el 13.5% del territorio mexicano a empresas mineras y vastas extensiones del Golfo de México dejando sin tierras a millones de ejidatarios, comuneros, campesinos y pueblos originarios sin tierras para ponerlas en manos de compañías que buscan extraer hidrocarburos. Además, 12 corporaciones operan la mayoría de los gasoductos que atraviesan el país y para 2029 el sector privado producirá la mayor parte de la electricidad en México. Representan las 25 mil 506 áreas concesionadas al capital privado, que actualmente desarrollan en ellas mil 327 proyectos, la mayoría en la fase de exploración.

Narro refirió que los dreamers llegaron a EU huyendo de esta situación y hoy serán expulsados y se insertarán en un México que no está preparado para recibirlos y que ellos no quieren y vivirán la realidad única de muchísimos migrantes que viven en México esperando la oportunidad de regresar. Es claro que las opciones educativas que se ofrecerán en México no serán suficientes y no generarán ningún tipo de entusiasmo en los muchachos deportados.

Por todo esto, afirmo Narro que “el reto es alto. Nos enfrentamos a una clara muestra de xenofobia de parte del Gobierno estadounidense, pero México también debe trabajar arduamente para ofrecer alternativas a los jóvenes que se verán afectados”.