Para el próximo periodo ordinario se proyecta  presentar al pleno una nueva Ley de Transparencia, así lo informó el diputado Cliserio del Real Hernández, presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quien la mañana de este jueves 14 de agosto, sostuvo una reunión de trabajo con la Lic. Raquel Velasco Macías, Consejera Presidenta de  la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública (CEAIP), en la que  además estuvo presente Ana Lidia Longoria Cid, titular de la Unidad de Enlace de Acceso a la Información Pública del Poder Legislativo.

El legislador Cliserio del Real destacó la necesidad de planear una ruta de trabajo en materia de transparencia; el objetivo va más allá de hacer reformas diversas, por lo que se ha privilegiado la idea de crear un nuevo marco jurídico que impulse aún más la rendición de cuentas.

La comisionada presidenta de la CEAIP, Raquel Velasco Macías, reconoció el compromiso de la legislatura para buscar tener una nueva ley en la materia, destacó el estudio comparado que se ha realizado a la Ley de Archivos, aprobada en el Estado de Coahuila, y que por sus aportaciones, se considera de avanzada, por lo que hay aspectos que se pudieran emular en la legislación local.

De igual forma se podrán seguir lineamientos de la ley general que actualmente se trabaja a nivel federal.

Entre las propuestas que se hacen para la nueva ley, se destacó la necesidad de cambiar la denominación de Comisión por “Instituto», con el objetivo de que la ciudadanía pueda ubicar de manera más fácil la función que realiza este organismo. Otro aspecto fundamental es el capítulo de sanciones.

 Raquel Velasco reconoció que desafortunadamente, es sólo a través de medidas que impactan el bolsillo, como los sujetos obligados acceden a revelar la información que la ley indica. Se estimó que las sanciones pudieran oscilar entre las 10 y las 200 cuotas de salario mínimo.

Entre otros puntos que se podrían integrar a la nueva ley, está el de  ampliación de glosario,  de los sujetos obligados, y la homologación  de  obligaciones.

También se propone separar y distinguir las figuras de información reservada y confidencial, destacando que la nueva ley deberá estar apegada al derecho internacional.