POR: Ricardo Becerra

El 12 de julio, la Coalición Movimiento Progresista interpuso un grueso documento de impugnación contra toda la elección presidencial. Técnicamente se le conoce como “Juicio de Inconformidad” y pretende -ni más ni menos- invalidar y anular la elección.  

Sus alegatos (agravios se les dice en el no-idioma de los abogados) son: Peña Nieto adquirió ilegalmente espacios de radio y televisión desde 2006; rebasó los topes de gasto de campaña; los encuestadores montaron un gran teatro para crear la ilusión de un Peña seguro ganador y fue urdida una masiva compra de votantes en toda la República.

La ley ordena al IFE recibir ese volumen, de más de 600 cuartillas junto con las cajas de pruebas traídas por los quejosos y, finalmente, le manda elaborar un informe en el que relate su propia versión del proceso electoral, que responda a las no muy amables imputaciones que la Coalición alega en su denuncia.

¿Dónde está la médula del documento que el IFE ha entregado al Tribunal Electoral? Veamos.  

La primera denuncia contra el entonces gobernador Enrique Peña Nieto -y sus apariciones en radio y televisión- fue presentada el 20 de abril de 2009. Desde entonces y hasta el final de las elecciones, se interpusieron otras 40. Todas han sido admitidas, todas han sido investigadas, todas cuentan con grabaciones, todas han sido resueltas por el IFE, impugnadas y revisadas por el Tribunal Electoral. 

Nueve de esas quejas fueron colocadas en junio y julio, por eso aún no se resuelven (están en investigación), pero importa llamar la atención sobre dos puntos: la coalición se queja de controversias ya resueltas, ya confirmadas por el Tribunal. Pueden o no gustarnos esas resoluciones (el IFE sancionó en un par de ocasiones, por ejemplo) pero no se puede ignorar que han sido juzgadas a tiempo y por eso han causado Estado. Y en segundo lugar: el IFE nunca dejó de actuar y resolvió todas, todo lo rápido que permitió la densidad de cada investigación.

En el curso de esos litigios, el IFE mostró sin inhibiciones, un montón de elementos, incluyendo los contratos del Gobierno del Estado de México con las grandes cadenas televisoras. También exhibió el tipo, número de promocionales y las apariciones del Gobernador aquí y allá (la información es pública). Y aunque estoy convencido de la vacuidad de casi toda propaganda gubernamental (del narcisismo estatal en televisión) hay que decir, por pura honestidad, que no es ilegal, por la sencilla razón de que México mantiene un régimen muy permisivo hacia la publicidad de los gobiernos, antes y después de la reforma de 2007.

Y algo más: el modelo de comunicación política, tan denostado por las propias televisoras, tan criticado por los poderes fácticos, funcionó mejor que nunca. Todos los partidos tuvieron los promocionales que de modo equitativo les otorga la Constitución; los niveles de cumplimiento de las 2 mil 335 antenas de radio y televisión, son los más altos de los que se tenga registro; no hay casos de compra ilegal ni de propaganda integrada, mientras que el Gobierno federal y los locales se ciñeron al régimen de prohibiciones en radio y televisión. Los partidos –incluidos los de la Coalición inconforme- recibieron 928 informes que el IFE les entregó cada semana. En otras palabras: la campaña en radio y televisión transcurrió, rigurosamente, en los tiempos del Estado, como quiere la Constitución. 

Por su parte, la UNAM realizó un extraordinario trabajo de monitoreo a 493 noticieros de todo el país. Todo está grabado, todo está en línea, cada dato es comprobable, en 21 informes y 12 publicaciones en prensa, radio y televisión. Resulta que allí tampoco salta ninguna “inequidad”: Peña Nieto terminó ocupando el 31% del espacio en los noticiarios; López Obrador el 27, Vázquez Mota el 26 y Quadri el 16%. Y las notas periodísticas adjetivadas, o sea, a favor o en contra de un candidato, apenas y llegaron al 2.4% del total. 

Ahora bien, los topes de gasto de campaña rebasados. En este rubro el IFE explica: la fiscalización de la campaña comienza cuando los partidos presentan su informe final (en este momento todos los partidos están elaborando el propio) y es en octubre, cuando la autoridad electoral comienza su trabajo por ley: comparando la autenticidad de la información presentada, revisando cada factura, cada contrato, cada cuenta de cheques de la elección presidencial y de las 628 campañas de legisladores multiplicadas, por los siete partidos que asistieron a la elección. Un océano para auditar.

A veces un mismo acto es cofinanciado por varios candidatos; a veces corre a cuenta de una campaña individual y en ocasiones los gastos son ubicados a otra contabilidad (gastos ordinarios). El IFE debe contrastar cada papel de los partidos con bancos, proveedores, contratistas, vendedores, para que las cuentas cuadren y sean exactas. Todo esa labor de comprobación -en la que los partidos cuentan con la garantía de audiencia- será ejecutada por el IFE en tres meses, poco más o menos, una vez recibidos sus informes.   

¿Lo ven? En cuestiones del dinero, lo peor es la premura y la precipitación. Y lo mismo puede decirse de las quejas sobre el financiamiento y las campañas que se presentaron en el último mes: la idea de una fiscalización a las carreras, tumultuaria y casi mágica no se corresponde con la práctica detallada, rigurosa y seria de la auditoría y menos, con el carácter, tan delicado de las denuncias.  

Sobre la queja en contra de las encuestas, el IFE respondió con sencillez: es imposible generalizar, debe analizarse caso por caso: si este o el otro encuestador publicó un trabajo sólido o si utilizó mentiras deliberadamente. Pero los hechos no apoyan la suposición de la Coalición, pues durante todo el proceso, todas las encuestas, desde GEA-ISA, pasando por Parametría, Covarrubias, Berumen y el Observatorio Universitario Electoral dieron siempre, al mismo primer lugar, al segundo, tercero y cuarto. Es difícil decir que profesionales tan distintos en sus inclinaciones y métodos, se hayan confabulado para generar un “estado de ánimo” para deprimir a alguna fuerza política. 

El IFE volvió a hacerse cargo de las preocupaciones de la Coalición; recibió sus quejas contra GEA-ISA (las encuestas más señaladas por los quejosos) y las resolvió. Pero hizo algo mucho más importante: presentó 7 informes con el desglose de cada una de las 320 encuestas electorales difundidas y todos los estudios completos, de modo que el público y los partidos, pudieron comprobar por por sí mismos, si son genuinas y si fueron edificadas con el rigor científico exigible. Los estudios siguen ahí, en Internet, para quien quiera verlos y para quien se tome la molestia de analizarlos.

Finalmente, la aparatosa compra del voto de 5 millones de mexicanos. En este punto la Coalición presenta de todo como pruebas: tarjetas, paraguas, enseres, estufas, despensas, juguetes, etcétera. Pero: ¿quién puede decir que cada una de las 143 mil casillas no tenía un espacio, una mampara, en la cual cada mexicano depositó su boleta y su voto en secreto y en libertad? Esa es una de las más simples e importantes tareas del IFE: disponer todo para asegurar la intimidad a la hora del sufragio. Pues bien: no hubo una sola casilla que no garantizara el secreto, ante la vigilancia de funcionarios-vecinos, con representantes de los partidos y observadores, que constataron el indispensable contexto para la libertad individual. 

En una nuez, ésta es la argumentación que presenta el IFE para defender su trabajo, pero sobre todo, para defender la masiva movilización de 50 millones de ciudadanos que al votar, creyeron en sus partidos (incluyendo los de la Coalición), en una vía pacífica para sustituir o confirmar a sus gobiernos, para afirmar su pluralidad y sobre todo, para vivir en paz y en democracia. Es una defensa a la que el IFE no podía, ni remotamente, renunciar.

Ricardo Becerra

Coordinador de Asesores del Secretario Ejecutivo del IFE