Por Enrique Fuentes Martínez.

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que otorga un amparo a cuatro personas para cultivar, poseer, transportar y consumir mariguana con fines recreativos reaviva el debate sobre la legislación de plantas cannabis en sus diversos géneros y cepas.

En el debate cuenta con bastantes argumentos a favor de la legalización del cáñamo y cuestiona de fondo una antigua política con un origen comercial, desleal y racista que se impulsó en 1930 desde Norteamérica y a la que México se sumó en 1961 con la Convención Única de Estupefacientes.

La Guerra de FECAL

Desde que un primero de diciembre de 2006 FECAL (Felipe Calderón) usurpó el poder, el gobierno mexicano, apoyado por el entonces presidente y también panista Vicente Fox, la maquinaria azul logró encumbrarse en el poder por segunda vez, armando una campaña de odio contra López Obrador ante el gran impulso político generado por los mismos tropiezos de Fox. Esto llevó a un intercambio de fuertes declaraciones ampliamente documentadas en medios nacionales entre el presidente y el entonces jefe de gobierno de DF, y que terminó por movilizar a las instituciones del estado a favor de FECAL y posteriormente el asalto de la embestidura presidencial a través del fraude electoral.

El atraco de la presidencia no sólo acabó con el triunfo de Obrador, sino que relegó a la democracia y a la justicia verdaderamente a la letra muerta. Y es que  aunado al fraude electoral apoyado por las mafias político-empresariales que controlan el gobierno de la República, la inestabilidad en el país obligó a que poco tiempo después, el 11 de diciembre, FECAL declarara “la guerra contra el narcotráfico”, una quimera de los mochos para cuidarse las espaldas, y culpar al narcotráfico por todos los grandes problemas nacionales y de crecimiento económico arrastrados desde el gobierno de FOX. Así, el 30 de junio de 2008 se activó la iniciativa Mérida, un paquete 1,600 millones de dólares de apoyo para combatir a los terroristas mexicanos otorgado por EUA, y que a la fecha suma más de 255 mil millones de pesos en gastos de seguridad nacional, que fueron pagados también por los contribuyentes mexicanos. Para dimensionar éste gasto, significa alrededor del 250 por ciento del presupuesto total federal para todas las universidades  e instituciones de educación superior pública en un año.

Después de más 150 mil muertes violentas surgen más preguntas que respuestas; aún no queda claro dónde verdaderamente se encuentra el enemigo de la sociedad mexicana, ni dónde empiezan y terminan el gobierno y el crimen organizado. La estrategia de seguridad nacional no arroja indicadores que muestren un avance positivo para el país,hemos pasado del éxodo de capitales y empresarios hacia el fortalecimiento financiero del crimen organizado, narcominas, narcogobiernos y las repetidas fugas del chapo.

La Brújula apunta hacia la aceptación y discusión del problema en un mundo civilizado, sin embargo los gobiernos de Fox y principalmente del genocida Calderón son responsables de un sangriento proceso de destrucción del tejido social, ahora con la mano en la cintura, apoyados por la telecracia y sin explicaciones de fondo nos dicen que siempre no, que la ganja no es el demonio que nos vendió FECAL. Muy bien sin embargo, ¿así nada mas? ¿Quién es responsable de una política que hirió gravemente al país? ¿Quién pagara por nuestros amigos y familiares muertos? y ahora que hacemos con los pachecos presos. ¿Qué hacemos con la gigantesca nómina policiaco-militar? No, la cosa no termina aceptando lo que los mochos del PAN siempre quisieron ocultar y de lo que ahora hipócritamente y sin escrúpulos, económicamente se quieren beneficiar (Fox-FECAL).

Mucho se ha insistido en la despenalización y la justicia como paso previo para apuntalar la industria en un modelo político-científico (nacional) más parecido al diseñado por Mujica en Uruguay, pero mientras los mandatarios que hundieron al país aún sigan impunes la  apertura tendrá un tinte más » RECREATIVO”que“PRODUCTIVO”.

La «legalización» viene apuntalada en la libre producción para un mercado (patentado hace un par de años desde el norte), nos vuelve a poner de pechito y en desventaja, se trata de permanecer en un debate pragmático mientras haya ausencia de justicia, se trata de ocultar que más del 70% del valor de la industria corresponde tanto a cuestiones productivas: fibras textiles, alimentos, medicamentos y  PATENTES como a conocimiento, entre otros. Si bien la urgencia por rediseñar un modelo militarizado que es insostenible llega a un punto de carácter urgente, los cambios son otra vez teledirigidos, al vapor, sin justicia, sin la participación de amplios sectores ciudadanos, de arriba a abajo y a lo pendejo.