PERSONAS DESAPARECIDAS; UN PROBLEMA NO ATENDIDO EN SU MAGNITUD: GISELLE ARELLANO
Zacatecas, Zac.- Una “desaparición forzada” se produce cuando una persona es detenida o secuestrada contra su voluntad o privada de su libertad de cualquier otra forma por autoridades gubernamentales o por grupos organizados o individuos particulares cuyas acciones son aprobadas de alguna manera por el gobierno.
Por lo que la desaparición, indicó la Licenciada en Mercadotecnia, Giselle Arellano Ávila; es una forma de sufrimiento doblemente paralizante, para las víctimas, muchas veces torturadas y siempre temerosas de perder la vida, y para los miembros de la familia, que no saben la suerte corrida por sus seres queridos y cuyas emociones oscilan entre la esperanza y la desesperación, esperando, a veces durante años, noticias con pocas las probabilidades de que lleguen, mientras que la víctima sabe bien que sus familias desconocen su paradero y que son escasas las posibilidades de que alguien acuda a ayudarla.
En este tenor, Arellano Ávila resaltó que debido a la deshumanización, la brutalidad y la tortura se aplica con frecuencia a la víctima mientras que la familia y los amigos de las personas desaparecidas sufren una angustia mental lenta, ignorando si la víctima vive aún y, de ser así, dónde se encuentra recluida, en qué condiciones y cuál es su estado de salud.
En este sentido resaltó que la desaparición forzada se ha usado a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos, ya que la sensación de inseguridad que genera, no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad, por ello la desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo.
Las desapariciones forzadas, señaló Giselle Arellano Ávila fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pero que hoy en día se utiliza como método de represión política de los oponentes además de que es motivo de especial preocupación, el acoso de los defensores de los derechos humanos, los parientes de las víctimas, los testigos y los abogados que se ocupan de los casos de desaparición forzada; el uso por los Estados de la lucha contra el terrorismo como excusa para el incumplimiento de sus obligaciones; y la todavía generalizada impunidad por la práctica de la desaparición forzada.
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