Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos

Foto: archivo www.zactecaswebnews.com

Teniendo como marco la Tercera Reunión Regional, celebrada en la ciudad de León, Guanajuato, el pasado 21 de febrero de 2013, en seguimiento a los acuerdos ahí suscritos  las Comisiones y Procuraduría de Derechos Humanos integrantes dela Zona Oeste, así como la Secretaría y Presidencia dela Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), manifestamos lo siguiente:

La lucha por los derechos humanos ha sido una cruzada para consolidar el Estado Democrático de Derecho; mucho tiempo y vicisitudes individuales y colectivas han ocurrido para que en nuestro país, se diera un crecimiento en el núcleo de derechos reconocidos que el Estado está obligado a salvaguardar, promover, respetar y garantizar.

En este sentido; expresamos nuestro rechazo a las manifestaciones de violencia y cualquier otra forma que altere la paz social y atente contra la convivencia y el desarrollo armónico de los pueblos, por lo que nos resulta preocupante el surgimiento y conformación de grupos civiles armados de autodefensa en diversos estados de nuestro país.

La aparición de grupos de civiles armados, aun cuando se pretendan justificar como respuesta a diversas problemáticas existentes en una comunidad u omisiones por parte de las autoridades, es atentatorio dela ConstituciónPolíticade los Estados Unidos Mexicanos, que con claridad y de manera textual dispone en su artículo 17 que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Igualmente, la creación de Policías Comunitarias debe enmarcarse dentro de un contexto jurídico, adminiculado con las formas de organización comunitaria que la normatividad Nacional, Internacional y Estatal reconocen a los pueblos originarios.

Consideramos que los usos y costumbres contienen derechos que deben ser garantizados, incluso ampliados para imprimir las características propias que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de sus pueblos indígenas, siempre que tal ampliación se realice sin vulnerar el marco constitucional al que dichos derechos se encuentran sujetos.

Por tal motivo, instamos a las autoridades a asumir el papel que constitucional y legalmente tienen encomendado en materia de seguridad publica y cumplir con la ineludible obligación de prevenir e investigar de manera efectiva los hechos o actos que puedan ser constitutivos de delitos garantizando el libre ejercicio de los derechos humanos de todas las personas, asumiendo una gestión adecuada impulsando políticas publicas que incluyan el mejoramiento de los aspectos social, jurídico y administrativo; impulsando una actuación inmediata, integral y coordinada de los cuerpos de seguridad y procuración de justicia para evitar el surgimiento de zonas de ingobernabilidad.