SANCIONARÍAN A QUIEN NO USE EL CUBREBOCAS Y SE CASTIGARÍA POR DESOBEDIENCIA CIVIL
Zacatecas, Zac- La LXIII Legislatura reformó la Ley de Salud para incorporar a la norma, entre otros aspectos, las medidas sanitarias necesarias en caso de una emergencia como la actual y la posibilidad de imponer sanciones a quienes incumplan estas disposiciones.
Las modificaciones, derivadas de una iniciativa presentada por la diputada Susana Rodríguez Márquez, introducen en la ley la facultad del Estado, en caso de ser necesario, de “establecer restricciones a la movilidad urbana, y mediante reglas administrativas de carácter general, declarar obligatorios el uso permanente de protectores visual, bucal y facial y, en su caso, establecer sanciones equiparables a la desobediencia civil”.
Asimismo, también se contempla que por razones de interés público, se podrá restringir la movilidad urbana en toda la entidad, por regiones o por municipios en todo tipo de vehículos, ya sean colectivos, unidades de transporte de personal, recreativo o turístico, individual o de taxi convencional o a través del uso de plataformas digitales.
Se amplían las modificaciones para combatir la violencia política contra las mujeres
La LXIII Legislatura modificó la legislación para continuar ampliando el marco normativo que combate la violencia política en contra de las mujeres. Para ello, se reformaron la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley Electoral, las leyes orgánicas del Instituto Electoral, del Tribunal de Justicia Electora y de la Fiscalía General de Justicia.
Asimismo, se hicieron cambios en la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, en la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del estado, en la del Servicio Civil, en la Ley para Prevenir y Erradicar toda forma de discriminación y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
El dictamen aprobado incluye las iniciativas presentadas por los diputados Gabriela Pinedo Morales, Jesús Padilla Estrada y Héctor Menchaca Medrano, así como por el legislador Eduardo Rodríguez Ferrer.
Además, se presentó una reserva por parte de la diputada Perla Martínez Delgado con el objetivo de incluir en los antecedentes del dictamen una iniciativa presentada por la legisladora en el mismo sentido del dictamen. Además, planteó modificar uno de los artículos para dar un plazo para la dictaminación de su planteamiento. La reserva fue aprobada por el Pleno.
Entre los cambios están la inclusión de la definición de violencia política contra las mujeres por razones de género en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el estado y también en la Ley Electoral.
Además, en este última ley se establece el requisito para postularse como diputada o diputado el no haber estado condenado por este delito, mientras que también se prohíbe el uso de mensajes en la propaganda política que pudieran constituir violencia por razones de género.
En la Ley del Instituto Electoral del Estado se establece la facultad de este organismo de promover la no violencia contra las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales, además de la obligación de incorporar la perspectiva de género en el monitoreo de las campañas y precampañas.
Se rechazan las modificaciones al Reglamento del Poder Legislativo
Con 16 votos en contra y 10 a favor se rechazó el dictamen presentado por la comisión de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias para modificar el Reglamento del Poder Legislativo en relación a la transmisión en vivo de las sesiones de las comisiones legislativas y de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
La adición establecía que “las reuniones podrán ser transmitidas en tiempo real en la página oficial de la Legislatura, previo acuerdo de los integrantes de la Comisión; para ello, deberán solicitar a la Secretaría General, por lo menos con 48 horas de anticipación, la implementación de las condiciones técnicas y materiales para que se lleve a cabo dicha transmisión”.
Ratifican a la secretaria de la Función Pública
El Pleno de la LXIII Legislatura, con 25 votos a favor, uno en contra y una abstención, ratificó el nombramiento de Gabriela Rodríguez Rodríguez como nueva secretaria de la Función Pública al aprobar el dictamen presentado por la comisión legislativa del Sistema Estatal Anticorrupción.
Las y los integrantes de este órgano legislativo señalaron que la nueva titular de la dependencia reúne los requisitos exigidos por la ley para desempeñar el cargo que, por otro lado, ya ejerce desde el pasado 15 de septiembre por el nombramiento que le otorgó el gobernador Alejandro Tello.
En la discusión en lo general, el diputado Omar Carrera Pérez se inscribió para hablar en contra del dictamen que al final fue aprobado por la mayoría de la Asamblea.
Garantizar actualización académica de las corporaciones policiales
La diputada Aída Ruiz Flores Delgadillo presentó una iniciativa relacionada con la actualización académica de los elementos policiales de las distintas corporaciones de seguridad del estado.
El objetivo es exhortar al gobierno estatal y en concreto al secretario de Seguridad Pública para que se implementen las acciones necesarias que permitan a los agentes de la Policía Estatal, la Policía Metropolitana, la de Seguridad Vial y la Policía Penitenciaria acceder a la educación Media Superior y Superior.
De esta forma, consideró que se mejorarían los estándares de seguridad por la mayor capacitación y profesionalización de todas las corporaciones.
Ampliar el mes del testamento por la emergencia sanitaria
También la diputada Aída Ruiz Flores Delgadillo propuso hacer otro llamado en este caso a la Coordinación General Jurídica y a la Dirección de Notarías para que se amplíen los descuentos en el trámite de elaboración de testamentos que se otorgan regularmente en septiembre, para que se apliquen durante todo el mes de octubre.
Esto es necesario, consideró, debido a las medidas sanitarias que están todavía vigentes por la emergencia provocada por el Covid-19 como el cierre de oficinas y el aislamiento social, y las cuales no han permitido un acceso total a los beneficios.
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