Ginebra.-  La Alta Comisionada interina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, expresó hoy su preocupación por la decisión del Congreso de México de otorgar el control de la Guardia Nacional al Ministerio de Defensa Nacional.

El 9 de septiembre, el Senado aprobó un paquete de reformas legislativas para transferir el control operativo, presupuestario y administrativo de la Guardia Nacional, cuyo carácter civil está consagrado en la Constitución, al Ministerio de la Defensa Nacional, dirigido exclusivamente por militares.

“Las reformas efectivamente dejan a México sin una fuerza policial civil federal, consolidando aún más el papel ya destacado de las fuerzas armadas en la seguridad pública en México. Los mecanismos de derechos humanos han establecido claramente que las fuerzas armadas solo deben intervenir en la seguridad pública de manera temporal, en circunstancias excepcionales, como último recurso y siempre bajo la supervisión efectiva de organismos civiles independientes”, dijo Al-Nashif.

Recordó que si bien la militarización de las fuerzas del orden ha ido en constante aumento en México desde 2006, no se ha traducido en una reducción sostenible de la delincuencia, sino que ha provocado un aumento de las denuncias de graves violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden y las fuerzas armadas.

“Los organismos encargados de hacer cumplir la ley deben estar subordinados a las autoridades civiles. Es preocupante que las reformas aprobadas no incluyan ninguna disposición para garantizar la supervisión civil del Ministerio de Defensa, lo que plantea preocupaciones adicionales en materia de derechos humanos, incluida la rendición de cuentas”, dijo Al-Nashif.

“Hago un llamado a las autoridades mexicanas para que fortalezcan la supervisión civil en el sector de la seguridad de acuerdo con los estándares de derechos humanos”, dijo.

La Alta Comisionada Interina señaló que hubo una participación pública y un debate muy limitados antes de que los miembros de la Cámara de Diputados y el Senado aprobaran la transferencia y expresó su preocupación por otras iniciativas en curso para profundizar aún más la militarización de las fuerzas del orden, incluida una propuesta reciente para modificar la Constitución para permitir el uso de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública hasta 2028.